MUNICIPIO ENTREGA CAMIONETA EMBARGADA PESE A QUE DEUDA CON EMPRESA DEMANDANTE ESTÁ TOTALMENTE PAGADA
Actuación del receptor judicial es cuestionada y se denuncian conflictos de intereses vinculados al exconcejal Carlos Montenegro.
La Municipalidad de Rinconada entregó voluntariamente una camioneta de propiedad municipal que se encontraba embargada en el marco de un juicio con el exconcejal Carlos Montenegro, pese a que la deuda que originó la medida judicial está completamente pagada.
Según informó el municipio mediante una declaración pública, los comprobantes que acreditan el cumplimiento de la obligación fueron presentados oportunamente ante el tribunal. Sin embargo, este aún no ha resuelto la situación, lo que impidió detener el retiro del vehículo.
La abogada municipal Jexarel Navia Lazo explicó que los antecedentes de pago también fueron exhibidos al receptor judicial Hugo Zepeda, quien no quiso considerarlos.
Ante esta situación, la profesional tomó contacto con el tribunal, desde donde se informó que la causa estaba en proceso.
A raíz de lo anterior, el municipio debió entregar la camioneta, quedando privado de un vehículo de su propiedad por una obligación que ya fue cumplida.
CONFLICTOS DE INTERESES
En su declaración, la Municipalidad de Rinconada sostuvo que lo relevante no es la secuencia procesal de la causa, sino los antecedentes que contradicen las declaraciones del exconcejal Carlos Montenegro, quien habría negado mantener vínculos con la empresa demandante, Patricio Montenegro Obras Civiles Ltda.
El municipio señaló que existen conflictos de intereses derivados de los trabajos millonarios que dicha empresa realizó durante años para la Municipalidad de Rinconada, bajo la administración del exalcalde Pedro Caballería.
Asimismo, la declaración sostiene que estos antecedentes demuestran que Carlos Montenegro mantuvo una inhabilidad permanente durante los años que ejerció como concejal.
Finalmente, la asesora jurídica municipal, Jexarel Navia Lazo, señaló la necesidad de que se resuelva oportunamente la situación judicial, a fin de evitar que la demora en la tramitación continúe generando perjuicios a los recursos y bienes que pertenecen a toda la comunidad.
