RINCONADA: Tribunal Electoral Regional sanciona a exalcalde Pedro Caballería Díaz por Notable Abandono de Deberes.

RINCONADA.- Si bien el edil no se encuentra en el cargo por haber perdido en la pasada elección comunal frente a Juan Galdames Carmona, el tribunal lo inhabilita por cinco años para ejercer cualquier cargo público.

Abogado José Villagrán Reyes se refiere a sanción del TER al exalcalde de la comuna Pedro Caballería Díaz.

El requerimiento efectuado al Tribunal Electoral Regional, fue presentado por los concejales Ana Pueyes (DC), Pablo Donat (PPD), Juan Urbina (UDI) y Miguel Vargas (UDI). Actuó en representación de los concejales el abogado José Villagrán Reyes.

 

 

DETALLE DE LA SENTENCIA: 

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Causa TER Valparaiso Caballería, Rinconada

Detalles de la demanda que buscó la remoción del exalcalde Pedro Caballería Díaz. Fue acusado de  pérdidas por más de 300 millones de pesos.

Los denunciantes lo acusaron de una administración negligente que ocasionó pérdidas al municipio por más de 300 millones de pesos. El requerimiento efectuado al Tribunal Electoral Regional fue presentado por los concejales Ana Pueyes (DC), Pablo Donat (PPD), Juan Urbina (UDI) y Miguel Vargas (UDI).

La acusación buscó la destitución del alcalde por notable abandono de deberes. La causa, hoy con sentencia, fue presentada el 16 de febrero del 2021.

La acusación se sustentó en 14 puntos de los cuales 8 de ellos tuvieron que ver con irregularidades en millonarias licitaciones públicas, que involucró al actual concejal en ejercicio pro DC, Carlos Montenegro Urbina.

Según el abogado José Villagrán Reyes, quien patrocinó la acusación, esta contempló, graves faltas administrativas en las cuales en su totalidad involucraron al exalcalde Pedro Caballería Díaz, junto con ello, con el tiempo se transformaron en un daño económico directo de más de 300 millones de pesos para la comuna. “Los concejales en un acto de responsabilidad administrativa asumieron  la tarea de presentar un requerimiento en contra de Pedro Caballería Díaz, solicitando al Tribunal Electoral Regional la destitución del mismo, entre las acciones que se le imputaron al edil figuraron:

Obviar por completo al concejo municipal de manera sistemática donde no se le entregó al concejo municipal la documentación pertinente ni  contó con los acuerdo de concejo tampoco para adjudicar millonarias licitaciones por sobre las 500 UTM, cosa que es requerido por ley. Esto ocurrió al menos en tres oportunidades. Aquí la empresa beneficiada es siempre la misma, Empresa Montenegro Construcciones, por ende esta empresa fue favorecida de manera sistemática, hoy en día el dueño de la empresa es concejal en ejercicio por la colectividad del edil en éste caso la Democracia Cristiana, lo que demuestra la relación política y de cercanía entre el alcalde y Carlos Montenegro Urbina, propietario de la empresa fuertemente cuestionada. Actualmente el concejal Carlos Montenegro, también enfrenta una acusación y requerimiento ante el TER que busca su destitución.   

 

SE PAGÓ TRES VECES LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD:

En otro punto que es grave nace con la ampliación del edificio municipal, la empresa a cargo de las obras factorizó dos estados de pago, habiendo sido notificado de la factorización el edil por más de 52 millones de pesos, el exalcalde cursó el pago a la empresa, ésta dejó las obras botadas y se va con la plata, jamás se sabe nada más de ella, posteriormente llega el Factory a cobrar, el edil no da curso a los pagos, el Factory demanda y gana el juicio, aquí la municipalidad debió pagar otra vez los más de cincuenta millones de peso más intereses y el daño para la municipal crece y supera los 71 millones. A todo esto la municipalidad licita nuevamente para poder terminar las obras inconclusas y contrata a una nueva empresa por más de 181 millones de pesos. Si sumamos el daño solo en este punto supera los 300 millones de pesos donde el único responsable es el alcalde. Daño económico que es una aberración para una comuna pequeña de 10 mil habitantes.

Hay una serie de demandas laborales en el que nuevamente haciendo gala de la omisión y poca consideración al concejo municipal el exalcalde Caballería Díaz, llega a un acuerdo judicial, acuerdo que tampoco toma el parecer al concejo, cosa que es una ilegalidad y el alcalde Pedro Caballería Díaz dispone el pago. El juez laboral dispone el pago de 4 millones de pesos a quien demandó a la municipalidad, suma determinada por el Tribunal Laboral. Aquí el alcalde de manera irracional y por su voluntad paga 6 millones de pesos, entonces la pregunta es ¿por qué el edil pagó más de lo sentenciado por el tribunal? Claramente no veló por el patrimonio comunal.

También hubo una serie de dictámenes de la Contraloría, incluso de la Corte Suprema, donde el alcalde se mantuvo en rebeldía por más de siete meses y no ha querido dar cumplimiento, un ejemplo es la creación de un segundo cargo en el Departamento de Administración y Finanzas, cuya dualidad del cargo le costó en pérdidas al municipio por casi 40 millones de pesos.

A todo esto debemos considerar una serie de juicios de cuentas que han representado decenas de millones de pesos para el municipio donde el exalcalde no ha instruyó ningún sumario administrativo, juicios de cuenta que también lo involucran a él donde debe devolver millonarias sumas a la municipalidad, cosa que tampoco ha hecho, aquí los sancionados por el Tribunal de Cuentas de la Contraloría lo involucra a él y sus cercamos dentro del municipio, donde aquí no hay acción alguna por parte del edil, conducta claramente negligente”. Señaló el abogado José Villagrán Reyes.

En tanto el abogado indicó que sus representados se vieron en la obligación de buscar la destitución del edil por recomendación de la propia Contraloría ante la seguidilla de hechos graves dentro del municipio, todos hechos investigados por la Contraloría y que contaron con sus respectivos dictámenes. “fue la propia Contraloría que oficia al concejo municipal de la época y les pidió que actúen ante los hechos graves en la comuna de Rinconada, quizás algo poco común pero el ente fiscalizador entendió que se debía dar un paso más duro para terminar con las irregularidades en la comuna”. Indicó el jurista.